La reciente incorporación de Bolivia al Mercosur constituye un tema nuevo en el debate público contemporáneo. Y es bueno que así sea, puesto que implica un cambio sustantivo de la visión del desarrollo necesario y posible del país a largo plazo.
Las primeras opiniones opuestas se han referido a la perspectiva de que aumente el déficit comercial. Es evidente que el comercio exterior de Bolivia con los países del Mercosur ha tenido saldos positivos únicamente mientras se cumplió con los contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina. Por su naturaleza estratégica, conviene sin embargo que el tema energético no se mezcle con el examen del intercambio comercial general. Por lo demás, enfoques de índole puramente comercial no toman en cuenta las condiciones geopolíticas que prevalecen hoy en día en el proceso de reacomodos del orden global.
De ahí que entre los objetivos prioritarios de Bolivia en el Mercosur deban destacarse la adquisición de mayores condiciones de seguridad externa y la expansión sustancial del horizonte de posibilidades de crecer transitando del patrón extractivista al desarrollo ambientalmente sostenible, así como el cierre de las brechas económicas, de productividad y competitividad, lo que incluye por cierto la reducción sostenida de la informalidad que caracteriza a las actividades económicas.
A tales efectos, es necesario diseñar una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento económico no inferior al 5% durante varias décadas, lo que implica una tasa de inversión reproductiva superior al 20% del PIB, donde la mayor parte de la formación de capital corresponda a inversiones de capital privado, bajo un régimen regulatorio que satisfaga claramente los intereses nacionales y sea aceptable asimismo para el despliegue de inversiones privadas nacionales y extrajeras de alta calidad.
Baste mencionar que la paulatina reducción del abultado segmento de la informalidad de la economía requiere la instalación de iniciativas y emprendimientos capaces de generar enormes contingentes de empleo decente, lo cual es difícil de conseguir en la escala necesaria a partir de las dimensiones del actual mercado interno. Por otra parte, existen posibilidades razonables de que Bolivia forme parte de algunas cadenas de suministros regionales bajo diversas formas y modalidades, donde en algunos casos se busque una participación con alto valor agregado, en otros se participe en la provisión de diversos servicios y, por último, en otros se incorporen aquellos minerales que forman parte de la transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables y que Bolivia está en condiciones de suministrar.
Para avanzar paulatinamente en los objetivos mencionados, será preciso mejorar significativamente la calidad de la infraestructura física, de la digitalización y la interconexión de las redes de internet. En ese contexto, habrá que considerar también la posibilidad de impulsar algunas asociaciones público-privadas con miras a ampliar el aprovechamiento de capacidades tecnológicas, financieras y gerenciales.
Todos los objetivos mencionados son imposibles de lograr a partir de la operación espontánea de los mercados. Es preciso, en cambio, adoptar una estrategia explícita de transformaciones económicas e institucionales, que oriente las políticas nacionales pari passu con la adecuación creativa del aparato regulatorio nacional a las normativas del Mercosur.
Conviene aclarar que la visión esquemática que propongo para el debate público respecto del ingreso de Bolivia al Mercosur no se inhibe ante los actuales problemas de dicho mecanismo, ni menos ante las severas deficiencias institucionales, limitaciones del aparato administrativo y expectativas disminuidas del país en general.
Al fin y al cabo, se trata de formular visiones ambiciosas para provocar el debate.
Horst Grebe es economista.