Después de haber sido casi ignorada por la prensa internacional durante años, de pronto la cuestión catalana ahora ocupa las primeras planas de los medios. La razón inmediata son las imágenes de la torpe intervención policial. También en Bolivia, apenas se encontró interés en su seguimiento, a pesar de que no son pocos los temas que también son nuestros, como la democracia, el derecho a la autodeterminación, la soberanía popular, el régimen autonómico, la plurinacionalidad, el Estado de derecho, etcétera.
El grave conflicto en España pone en juego la integridad territorial de un Estado, su forma de organización institucional y las reglas de juego de la convivencia social. La complejidad del tratamiento tiene, sin embargo, dos principios de base que no son fáciles de combinar en su justa proporción: el jurídico y el político. La difícil ecuación ha sido una de las mayores debilidades en la cuestión catalana y ha dividido a la sociedad en dos bloques. Unos, sobre todo el Gobierno, privilegian, y con razón, el componente jurídico, pero dejando intacto el problema de fondo del descontento creciente de los últimos años; mientras que los otros sólo apuestan a lo político, "populistas” y nacionalistas "secesionistas”, alimentando con ello acciones de fuerza y violaciones repetidas e inadmisibles, sin importarles que en democracia no todo está permitido, aunque lo hagan en su nombre, ya pervertido.
La cuestión catalana es jurídica porque su tratamiento debe ser en los límites que su Constitución y leyes permiten, o es el caos; pero, por otra parte, es política, porque se trata de encontrar una fórmula que compatibilice dentro de los límites jurídicos las demandas de unos con los reparos de los otros. Esto se hizo en Bolivia el 2005 con un pacto muy difícil que fue la salida concertada y constitucional al enfrentamiento entre las "dos Bolivias”.
En España no ha sido posible hasta ahora encontrar una fórmula que compatibilice ambas dimensiones, que es el mejor camino para evitar un enfrentamiento, que puede ser aún más agudo e irreversible. Es lo que recientemente reclamaba un editorial de El País: ante la "insurrección, la ley; pero no sólo la ley”.
Para resumir puede decirse con respecto a la cuestión catalana, que hasta ahora fracasó la política democrática, que es la combinación entre la política que no es sólo conflicto sino agregación, y la democracia, que no es sólo "soberanía popular” de la calle, sino respeto escrupuloso a los derechos de los demás, que también son "pueblo”. El Estado de derecho es política más derecho, y es derecho más política. La ecuación también vale para nosotros.
El Estado de derecho es política más derecho, y es derecho más política. La ecuación también vale para nosotros.