El perfil de un difamador profesional

[la paz]

El exsoldado Ernesto Alonso, conocido en la Argentina como difamador serial, me ha atacado en las páginas de La Razón con calumnias fácilmente rebatibles. Nunca pertenecí a ningún “partido militar” y la prueba más concluyente es que la censura de la dictadura militar destruyó el 95 por ciento de mi material fílmico, grabado en mi condición de corresponsal de guerra en el conflicto de Malvinas de 1982. Una clara muestra de que yo no era funcional a ese gobierno. Más aún, después de la guerra la dictadura militar hizo que me quedara sin trabajo y su Servicio de Inteligencia lanzó una operación de desprestigio contra mi persona.

Cabe recordar que en esa época no había en la Argentina ningún canal de TV privado, ya que todos habían sido estatizados en el anterior gobierno peronista.

Jamás he recibido ningún pago de la dictadura militar. Fui contratado para cubrir la guerra de Malvinas por Horacio Larrosa, productor del noticiero del canal ATC.

Y tengo el orgullo de decir que la abrumadora mayoría de los soldados de Malvinas, no sólo no me rechaza, como miente Alonso, sino que me tiene en alta estima, lo que se evidencia, entre otras cosas, en las permanentes invitaciones a dar charlas que me llegan de los Centros de Veteranos de todo la Argentina.

Es que durante la guerra no me limité a hacer mi trabajo profesional, sino que también ayudé a los soldados, consiguiéndoles comida y muchos otros elementos que necesitaban.

En tanto que Ernesto Alonso abandonó a sus camaradas del Regimiento 7 de Infantería antes de que comience la batalla de Monte Longdon y se refugió en el pueblo.

Alonso, exfuncionario del gobierno kirchnerista, tiene una animosidad manifiesta contra los oficiales y suboficiales de la guerra de Malvinas y hace una falsa analogía de la guerra de Malvinas con la dictadura, que sólo coincidió con aquella cronológicamente. Como yo sostengo que fue una guerra noble y limpia, radicalmente distinta de la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo de los años setenta, Alonso siempre ha intentado difamarme.

Por otra parte, Alonso enfrenta una grave demanda penal por sus delictivas maniobras difamatorias. El subteniente de Malvinas Jorge Taranto lo ha querellado, junto al exfuncionario provincial Pablo Vassel y al fiscal Marcelo Rapoport, en una causa que tiene muy contundentes pruebas en su contra.

Veinticuatro años después de finalizada la guerra de Malvinas Alonso organiza, junto a Vassel, una campaña para instigar a los soldados a denunciar falsamente a oficiales y suboficiales para así percibir la indemnización, equivalente a 250 mil dólares, que cobraron los detenidos-desaparecidos de la dictadura militar.

Los testimonios que a continuación él presenta a la justicia, no son elegidos al azar.  Alonso, por ese entonces, se desempeñaba como subgerente de la obra social estatal, PAMI para Veteranos de Guerra, —nombrado a dedo por Cristina Kirchner— y los primeros 23 exsoldados que escoge tenían problemas psicológicos y psiquiátricos. Por esa razón fueron elegidos por Alonso, quien tenía accesos a sus carpetas de historial médico. Varios de estos denunciantes, cuando se enteraron de las denuncias realizadas en su nombre ante el juzgado de Rio Grande, enviaron cartas-documentos a Vassel pidiendo explicaciones por la tergiversación de sus dichos, y Vassel les respondió con cartas-documentos amenazantes.

En el año 2007, Alonso y Vassel exhiben en los medios de comunicación un video donde el soldado Juan de la Cruz Martins, entrevistado por el mismo Vassel, hace responsable al subteniente de Malvinas Jorge Taranto de la muerte del soldado Remigio Fernández y de haber estaqueado al cabo Héctor Manes. Perplejo, Taranto se presenta voluntariamente ante los tribunales, para que se investigue su actuación en la guerra. Declara Manes y afirma que nunca fue estaqueado y que además Taranto no era su jefe. Asimismo, el juez dictamina que la muerte por inanición de Remigio Fernández —que tampoco era soldado de Taranto— no fue un delito, sino producto del bloqueo aeronaval impuesto por los británicos.

Y hay un video donde el soldado Juan de la Cruz Martins reconoce que lo indujeron a acusar falsamente a Taranto con la promesa de que iba a recibir dinero por ello.

Soldados como Walter Rogido y Julio Romero han declarado ante la jueza Herraez que las acusaciones de Alonso y Vassel están armadas fraudulentamente.

El fiscal Marcelo Rapoport empero, acusado de prevaricador por el subteniente de Malvinas Jorge Taranto, uno de los falsamente acusados y que fuera sobreseído por la Justicia, ha tomado como ciertas las denuncias armadas por Alonso, a pesar de que carecen de todo sustento.

Por ejemplo, el entonces subteniente Juan Nazer, herido de gravedad en combate, fue supuestamente imputado por el exsoldado Rubén Ascencio, un hombre que no sabía leer ni escribir. Al declarar ante la diputada María Cristina Barrios nunca menciona a Nazer. El fiscal espera que fallezca Ascencio e imputa a Nazer. Ascencio había declarado ante la diputada en el año 2008, pero el fiscal sube la denuncia recién en el año 2023, después de muerto el supuesto denunciante.

Otro ejemplo de las fabricaciones de Alonso, Vassel y el fiscal Rapoport: el exsoldado Juan Andrés Cáceres, se entera que por sus declaraciones fue imputado su jefe, el entonces subteniente Eduardo Gassino, a quien quiere como a un hermano.

Incluso el veterano de Malvinas Martín Balza, que llegó a ser jefe del ejército y es considerado por los kirchneristas como “el general de la democracia”, manifestó en el diario Clarín que en Malvinas no hubo crímenes de guerra: “Nada relacionado con el terrorismo de Estado y la política sistemática y deliberada contra los derechos humanos de la última dictadura cívico militar en el continente tuvo la más mínima relación con el comportamiento de nuestros hombres en Malvinas”.

La organización de veteranos que maneja Alonso, el CECIM de La Plata, está integrada por no más de 70 exsoldados, en tanto que, según cifras oficiales, el padrón de Veteranos de Guerra asciende a unas 23 mil personas. Es decir que quienes responden al calumniador Alonso, son menos del 0,4% del total de combatientes. De ninguna manera Alonso es representativo de los combatientes.

Con respecto a las denuncias por abusos en Malvinas, según el funcionario judicial Juan Manuel Vicente serían 104 (como hemos visto, muchas de ellas fraguadas), o sea 0,45% del padrón. Lejos estuvieron entonces de ser una regla, sino que fueron una lamentable excepción.

En la querella presentada por Jorge Taranto, queda demostrado que Alonso y Vassel se aprovecharon de personas vulnerables, excombatientes con traumas de post guerra, para formular denuncias falsas a oficiales y suboficiales que prestaron servicio en la guerra contra Gran Bretaña, ofreciéndoles a cambio, acceder a una indemnización sufragada por el Estado. Para llevar a cabo esta defraudación entraron en connivencia con miembros del Poder Judicial y del Ministerio Publico.

Como dice Taranto en su demanda, no es difícil darse cuenta que fue necesario el impulso procesal del fiscal para habilitar tal propósito, y son tantas y tan graves las faltas de Rapoport, que es impensado atribuirlas a errores o desconocimiento. Basta para ello advertir la politización de sus dichos, por fuera de la función. El fiscal ha mantenido una conducta en tándem con Alonso, lo cual probaría que aceptó formar parte del engranaje delictivo de este. La justicia dirá la última palabra.

Tienen aquí pues, el perfil de quien ha salido a calumniarme en las páginas de La Razón.

Nicolás Kasanzew  es periodista, corresponsal de guerra y escritor argentino.