El 20 de enero de esta gestión, por segunda vez consecutiva, asumirá la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su mensaje xenófobo, islamófobo, antiinmigrante, racista, fascista y sionista, considerado el “primer presidente delincuente”, quien fue condenado de manera formal, el pasado 10 de enero, en el caso por el que quiso comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels; sin embargo, se quedó en libertad incondicional, sin castigo o multa por el respeto a su investidura, según el fiscal Joshua Steinglass.
Lo cierto es que el presidente electo de los EEUU no solo fue acusado de 34 delitos federales, por supuesta falsificación de registros comerciales, por el pago de 130 mil dólares a la actriz mencionada durante la campaña presidencial de 2016, a cambio de su silencio sobre su relación sexual extramarital que tuvo con ella en 2006; sino que Trump es responsable de muchos otros casos, como su participación e intentona golpista en el asalto al Capitolio de EEUU, el 6 de enero de 2021, en el que resultaron cuatro personas muertas y más de 52 detenidas, después de haber perdido las elecciones frente a Joe Biden.
Es incongruente que en un país en donde se enarbola la “libertad y la democracia” se sigan tomando decisiones arbitrarias para invadir y aplicar “sus principios” en una sociedad mundial que ya no gira en torno a ellos; pues EEUU tendría que entregar a la Corte Penal Internacional a Donald Trump por todos los delitos y crímenes internacionales que cometió durante su anterior mandato, fomentando el terrorismo global.
Al haber ordenado los asesinatos del general del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani, del comandante interino de las fuerzas voluntarias shiíes iraquíes, Abu Mahdi Al-Mohandes, y de otros militares en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Bagdad, Irak, el 3 de enero de 2020; Trump se convirtió en un prófugo de la justicia, al ser un claro ejemplo de terrorismo de Estado y violación de los derechos humanos.
Irán abrió legalmente, a través de su poder judicial, un caso contra el gobierno de Estados Unidos y condenó a este país a pagar fuertes compensaciones por el asesinato del Gral. Qasem Soleimani, y que, según el tribunal, se deberá pagar un total de 49 mil 770 millones de dólares, cantidad que irá acompañada del pago de una indemnización por daños y perjuicios desde la fecha de emisión de la sentencia hasta el día de su ejecución, la misma que expira en abril próximo.
La condena a Estados Unidos y la presentación del caso en foros internacionales, incluida la Corte de La Haya, muestran la determinación de Irán de prevenir las peligrosas herejías del terrorismo de Estado; pues debemos recordar que las acciones criminales de Estados Unidos y el régimen israelí se han llevado a cabo muchas veces, no solo incluyendo el asesinato de comandantes de la resistencia, sino también la de científicos nucleares y otras figuras prominentes.
Trump ya tiene un antecedente en la materia, pues su naturaleza islamófoba lo llevó a prohibir, el 28 de enero de 2017, el ingreso a ciudadanos de países de origen musulmán (Irán, Irak, Siria, Somalia, Yemen, Sudán y Libia), aunque estos pidieran asilo, tuvieran estatus de refugiado o permiso de entrada, medida que fue ampliamente criticada porque representó una violación de los derechos civiles.
Desde el 20 de enero, Trump fortalecerá los regímenes autoritarios y de extrema derecha, siendo su presencia un peligro para la convivencia pacífica de la humanidad. En tal sentido, el rol de Rusia, China, Irán y los BRICS —si es que quieren vivir en una sociedad equilibrada— deberá ser la de profundizar mucho más los lazos de integración en defensa de la libertad y la multipolaridad; no hacerlo ocasionará la emergencia de una sociedad del miedo y el terror.
Sdenka Saavedra Alfaro es escritora, corresponsal internacional de HispanTV.