La corrupción como ideología del poder

[la paz]

Bolivia atraviesa uno de esos momentos en los que las categorías políticas tradicionales parecen insuficientes. Después de casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo, el país experimentó un giro electoral hacia la derecha, acompañado de un discurso de cambio, institucionalidad y renovación del Estado.

Podríamos interpretarlo simplemente como el tránsito de la izquierda hacia la derecha. Sin embargo, mientras cambian gobiernos, discursos y actores políticos, algunas prácticas parecen sobrevivir, como la disputa por controlar el Estado y la tentación de utilizar el poder público para beneficio personal.

Los recientes escándalos y denuncias que rodean la vida pública boliviana, que deberán ser esclarecidos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, producen una inquietante sensación de déjà vu. Cambian protagonistas e ideologías, pero las malas prácticas permanecen.

Tal vez por eso resulte útil volver a algunos pensadores que intentaron explicar las complejidades de Bolivia.

Hace más de un siglo, Alcides Arguedas publicó Pueblo enfermo. Su interpretación estuvo marcada por el positivismo y el determinismo racial de su época, y muchas de sus afirmaciones son hoy inaceptables. Sin embargo, su crítica a las élites, el caudillismo y la fragilidad institucional todavía provoca una incómoda reflexión.

Décadas después, René Zavaleta Mercado propuso una interpretación radicalmente distinta. Su concepto de “sociedad abigarrada” permitió comprender una Bolivia donde coexisten culturas, temporalidades, formas económicas y estructuras sociales diferentes. También planteó una idea particularmente vigente, la crisis como método de conocimiento. En las crisis, las sociedades muestran aquello que la normalidad esconde. Pero comprender las raíces históricas de nuestros problemas no puede convertirse en una forma de resignación.

Eduardo Leaño plantea esta provocación en su artículo El opio de los zavaletianos. Cuestiona cierta lectura doctrinaria de Zavaleta que, al explicar las particularidades bolivianas, podría terminar relativizando la ineficiencia estatal, el autoritarismo o incluso la corrupción. Se puede discrepar con su interpretación, pero deja la advertencia que ninguna teoría puede justificar aquello que una democracia tiene la obligación de transformar.

Aquí Max Weber aporta otra clave. Para el sociólogo alemán, una característica de la administración racional-legal moderna es la separación entre la persona que ejerce un cargo y la función pública, entre los intereses particulares y los bienes del Estado. En la dominación patrimonial, por el contrario, esa frontera se difumina y el poder se organiza alrededor de relaciones personales, favores y lealtades.

La realidad boliviana muestra demasiado de esa tensión, instituciones repartidas como cuotas de poder, cargos utilizados para recompensar lealtades, nepotismo, clientelismo y redes de influencia.

Quizá allí se encuentren Zavaleta y Weber. Nuestro abigarramiento contemporáneo podría expresarse en una contradicción muy concreta de instituciones formalmente modernas que conviven con prácticas patrimoniales.

Tenemos Constitución, leyes, Contraloría, Fiscalía, sistemas de contratación y mecanismos de transparencia, pero junto a ellos sobreviven el intercambio de favores, el clientelismo y la utilización partidaria de las instituciones.

Y esto no pertenece exclusivamente a una ideología. Algunos sectores progresistas latinoamericanos relativizaron denuncias de corrupción porque sus gobiernos redistribuían riqueza o ampliaban derechos. Desde el otro extremo, sectores conservadores denunciaron esas prácticas para demostrar después, cuando accedieron al poder, que tampoco tenían inmunidad ética.

La corrupción no tiene ideología. Puede hablar el lenguaje de la revolución o del libre mercado. Puede envolverse en banderas progresistas, conservadoras, nacionalistas o populistas. Puede levantar el puño izquierdo por la mañana y extender la mano derecha para recibir dinero por la tarde.

Ese parece ser uno de los grandes entronques históricos de la Bolivia actual. Durante décadas discutimos si necesitamos más Estado o más mercado, cuando existe una cuestión anterior, necesitamos un Estado que no pueda ser apropiado por quienes circunstancialmente lo administran.

Un Estado grande puede ser corrupto y uno pequeño también. Un gobierno de izquierda puede capturar las instituciones y uno de derecha puede hacer exactamente lo mismo.

Por eso, el antídoto contra la corrupción no es ideológico. Es institucional y ético. Bolivia necesita independencia judicial, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización efectiva, acceso a la información y profesionalización del servicio público. Instituciones suficientemente fuertes para que la honestidad no dependa únicamente de quien ocupa temporalmente un cargo.

Arguedas buscó la enfermedad de Bolivia en determinados rasgos de su sociedad. Zavaleta intentó comprenderla desde su complejidad histórica. Leaño nos invita a revisar si algunas explicaciones se convirtieron en refugios intelectuales. Weber nos recuerda algo más elemental: el Estado moderno exige separar claramente el poder público del beneficio privado.

Bolivia necesita una izquierda y una derecha democráticas, proyectos diferentes de sociedad, pluralismo y alternancia. Pero hay un principio que debería estar por encima de esas diferencias que el Estado no pertenece a quien gana las elecciones. Pertenece a la ciudadanía.

Los recursos públicos tampoco son de izquierda ni de derecha. Son de todos y todas. El verdadero desafío de este momento histórico es transitar del Estado como botín al Estado como institución.

Porque cuando conquistar el poder deja de significar transformar la sociedad y se convierte en una oportunidad para beneficiarse de ella, izquierda y derecha terminan encontrándose en el mismo lugar. Y la corrupción se convierte en la verdadera ideología del poder.[ Por Elizabeth Salguero Carrillo]

*Es periodista y exdiputada nacional