<p style="text-align: start;">“Todos los caminos conducen a Roma”. La frase se incrustó en el imaginario colectivo o cultural y sobrevive porque Roma representó algo más que una ciudad: fue la imagen del centro. El lugar hacia donde convergían caminos, riquezas, información y poder.</p><p style="text-align: start;">El extractivismo responde a una lógica semejante. Extraer significa apropiarse de un recurso sin asumir necesariamente las consecuencias que esa extracción produce. Durante siglos lo vimos en las minas, el petróleo o el caucho. Poco importaban el trabajador enfermo, el territorio destruido o las comunidades desplazadas mientras el recurso continuara llegando al centro.</p><p style="text-align: start;">Bolivia conoce demasiado bien esa historia.</p><p style="text-align: start;">Pero existe otro extractivismo del que hablamos menos: el que no extrae minerales de la tierra, sino recursos de las personas, succionando patrimonio y dignidad.</p><p style="text-align: start;">Dinero. Información. Favores. Silencio. Obediencia.</p><p style="text-align: start;">Los acontecimientos recientes alrededor del Ministerio Público permiten observar una expresión de ese fenómeno. ROMA es oficialmente la sigla de un sistema institucional. Pero la coincidencia de sus primeras letras con el nombre y apellido del fiscal hoy procesado produce una ironía difícil de ignorar: nuevamente todos los caminos parecen conducir a Roma.</p><p style="text-align: start;">El problema, sin embargo, sería reducir todo a una persona.</p><p style="text-align: start;">El poder concentrado construye centralidad. Quien controla decisiones, expedientes, investigaciones y acceso a información posee algo mucho más valioso que dinero: posee capacidad para afectar vidas.</p><p style="text-align: start;">Por eso el extractivismo institucional puede ser también extractivismo informativo.</p><p style="text-align: start;">Un aparato estatal acumula información sobre ciudadanos, empresarios, políticos, adversarios y funcionarios. Esa información debería servir para prevenir delitos, investigar y proteger derechos. Pero cuando abandona esa finalidad se convierte en mercancía: sirve para negociar, extorsionar, proteger, perseguir, encubrir o disciplinar.</p><p style="text-align: start;">Entonces el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y se transforma en recurso explotable.</p><p style="text-align: start;">Y aquí aparece una palabra incómoda que deliberadamente no quiero evitar: terrorismo de Estado.</p><p style="text-align: start;">No afirmo que toda corrupción constituya terrorismo de Estado. Sería conceptualmente absurdo. Hablo de algo diferente: del momento en que sectores del aparato estatal utilizan sistemáticamente su capacidad coercitiva, información privilegiada y poder institucional para generar miedo, sometimiento o indefensión.</p><p style="text-align: start;">En Estados débiles, raquíticamente institucionalizados, esta posibilidad resulta todavía más peligrosa. Allí surgen Estados paralelos dentro del Estado: redes informales que poseen información, contactos, recursos y capacidad coercitiva propia. Formalmente sirven al Estado; materialmente pueden terminar sirviéndose de él. También se viabilizan los estados paralelos informales.</p><p style="text-align: start;">La corrupción tradicional roba dinero. El extractivismo institucional puede robar algo todavía más importante: la libertad  y la dignidad frente al poder.</p><p style="text-align: start;">Por eso tampoco creo que el problema se resuelva simplemente desmontando el Ministerio Público para construir otro. Si mantenemos intacta la arquitectura centralista, sólo estaremos cambiando de Roma.</p><p style="text-align: start;">Hoy  es la Fiscalía. Mañana el Poder Judicial,  Policía, Aduana, Impuestos, un ministerio o cualquier institución capaz de concentrar información y decisiones sin contrapesos efectivos.</p><p style="text-align: start;">La verdadera reforma debe ser más profunda: descentralización del poder, transparencia, controles cruzados, trazabilidad de las decisiones, acceso ciudadano a la información y responsabilidades claramente identificables.</p><p style="text-align: start;">Pero sería demasiado cómodo terminar señalando solamente a los funcionarios.</p><p style="text-align: start;">También debemos preguntarnos cuánto contribuimos nosotros a esa arquitectura: el ciudadano que paga para acelerar un trámite, el abogado que busca al “contacto”, el militante que no exige democracia partidaria y que justifica el abuso cuando perjudica al adversario, el funcionario que ejecuta una orden que sabe injusta; y, el cidadano que se tapa los ojos, la boca y los oidos.</p><p style="text-align: start;">Roma también se construye desde abajo.</p><p style="text-align: start;">Quizá, entonces, el desafío no sea encontrar un mejor emperador.</p><p style="text-align: start;">El desafío es construir una sociedad en la que ya no todos los caminos conduzcan a Roma.[ Por <a style="color: #a52b3c; background-color: #ffffff;" href="https://larazon.bo/autores/alejandro-colanzi-zeballos/" target="_top" class="ke-link">Alejandro Colanzi Zeballos</a>]</p>
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