Litio: matar a la guagua

[la paz]

La semana pasada, el tema del litio, más allá de la preocupación del Gobierno, ganó los medios, las calles, las carreteras y la atención de propios y extraños. Los peticionarios son múltiples, desde la jefa del Comando Sur, Laura Richardson; parlamentarios de Potosí, organizaciones sociales rurales, cooperativistas mineros, hasta un reo golpista y el comité cívico potosinista: si bien el tema es único, el litio, las percepciones y los intereses son diversos.

Las expresiones de la oficial del Ejército norteamericano, acostumbrado a considerarnos su patio trasero y disponer de nuestros recursos naturales, reflejan la preocupación del imperio ante los atisbos de soberanía de nuestros pueblos: las expresiones del Gobierno de Chile de crear una empresa estatal del litio, el deseo del Presidente de México para unir a los países latinoamericanos poseedores de litio, la firma de un acuerdo de Bolivia con una empresa china, han provocado sus declaraciones. En realidad, devela la lucha que nos espera y no es que hasta hoy no hayan hecho nada. Recordemos que el magnate de los autos eléctricos Elon Musk respondió a una serie de tuits sobre el golpe de noviembre 2019 que “sin duda golpearíamos para defender nuestros intereses”; de hecho, con el golpe, se paralizó y destruyó el proyecto industrial en desarrollo en Uyuni. ¿Podemos considerar innovadora la idea de la extracción directa del litio cuando la iniciativa viene de una empresa norteamericana que luego desapareció en el momento de la licitación?

A este enemigo lo conocemos, en 1942, en plena II Guerra Mundial, provocó la masacre de Catavi, cuando los mineros hicieron una huelga y el gobierno de Peñaranda usó al ejército para garantizar la provisión de estaño a Estados Unidos; acumuló este metal para causar la baja de su precio cuando se nacionalizó las minas; igualmente fueron múltiples sus maniobras para evitar la fundición de estaño.

Las organizaciones indígena originaria campesinas de las cuatro regiones de Potosí se movilizaron por la marginalidad a que se les ha sometido en la participación del proyecto, cuando han sido ellas las que defendieron el litio en épocas del neoliberalismo, llevaron la iniciativa para que el gobierno de Evo Morales iniciara el proyecto, y coadyuvaron a su implementación; hoy exigen ser tomadas en cuenta y piden la conclusión del proyecto del cual fueron las impulsoras. A la hora nona el gerente de YLB pidió el apoyo del pueblo y se quejó de la pérdida de $us 400.000 día por la paralización de la planta a la cual no deja de denostar como anticuada; las organizaciones sociales no tienen que ser llamadas solo para apoyar, sino deben ser protagonistas del proceso de cambio, son ellas que, elevadas a la conducción del Estado, construirán la nueva Bolivia.

Paralela a la movilización social, el Comité Cívico Potosinista declaró un paro de 72 horas; su principal demanda es la promulgación de la ley del litio, según ellos, elaborada en consenso por los departamentos de Potosí y Oruro. La lectura del proyecto devela su visión ideológica, al pretender que el Estado renuncie al monopolio de la explotación del litio en su fase primaria; la política del Estado Plurinacional dispone que la explotación de los recursos evaporíticos tiene una función estratégica, lo que de por sí la hace indelegable. De hecho, la presencia de un socio privado evitaría la disposición del recurso en función del desarrollo nacional y mucho más si se busca tener una política regional en el continente; los antecedentes de la capitalización, privatización y los contratos de riesgo compartido mostraron que no hay socio digno, dado que se mueven en la lógica de la acumulación a cualquier costo.

Otra aberración es que se pretende crear un ministerio del litio: se aprovecha el error que fue sacar a los evaporíticos del área minera, primero a energía y hoy a hidrocarburos. El litio, el potasio, el magnesio son metales y según la Constitución Política su explotación por el Estado la debe realizar una empresa autárquica; lo otro es crear burocracia, dispersar recursos, inviabilizar los procesos de investigación científica y perder las ventajas de una economía de escala. La fabricación de baterías requiere unos 30 componentes, la mayoría metales y no metales, que los explota la minería. Por otro lado, se pretende una regalía de 20%, cuando el oro debería pagar 7%, según la ley; no se toma en cuenta el costo de refinación en un yacimiento que tiene una concentración de 0,0001% de litio y se olvida que la minería tributa 37,5% de sus utilidades al Estado.

La preocupación de las regiones por su futuro es legítima, no debe preocuparnos que indaguen o protesten; al contrario, hay que alentar su participación; lo que no podemos permitir es que se mate la guagua antes de que nazca.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.